Publicado el 19/09/2004 a las 22:00
La esperanza de contar con una nueva legislación en materia de telecomunicaciones está en su
fase terminal. El desgaste que se ha experimentado en pos de la reforma es apenas comparable
con el gasto destinado a la ineficiencia
Cuando en agosto de 2002 se presentó aquella accidentada iniciativa de Ley Federal de
Telecomunicaciones, suscrita por una mínima mayoría de la entonces Conferencia Parlamentaria
(CPT), anticipamos en este mismo espacio la dificultad que entrañaba alcanzar los acuerdos
necesarios para sacarla adelante. Y el tiempo nos dio la razón.
En efecto. No sólo no se aprobó una mínima reforma a la legislación actual sino que las
condiciones, los actores, los temas y la dinámica propia de un ambiente de cambio se esfumaron
junto con la esperanza de muchos por ver una nueva pieza regulatoria que pudiese imprimir un
renovado dinamismo al sector. El mismo presidente Vicente Fox, en su tercer Informe de
Gobierno, aventuró mencionar al de las telecomunicaciones como uno de los cuatro temas cuya
reforma estructural se mantenía (como se mantiene) pendiente en la agenda legislativa. Pocas
semanas después simplemente olvidó el asunto, acaso porque nunca estuvo seriamente en su
agenda.
Con el cambio de Legislatura vimos sensibles bajas como la de Emilio Goicoechea (y algunas
afortunadas como la del tránsfuga Jesús Orozco y la del actual dirigente priísta Raúl Cervantes,
presto como lo es para salir a la defensa de causas perdidas). Además, está el caso del talentoso
senador Javier Corral, quien buscó la gubernatura de su natal Chihuahua y que, a pesar de ya
haber regresado a su curul de la vieja casona de Xicoténcatl, es percibido como un buen
recuerdo pero lejos de la enjundia que otrora proyectaba.
Por cierto, el senador panista Héctor Osuna, no obstante el haber tenido la oportunidad de liderar
los esfuerzos de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y
empujar una reforma mínima pero suficiente, se quedó corto en su acercamiento con la industria,
en la configuración de una iniciativa y en la expectativa de su liderazgo. Por su parte, Eric Rubio y
Emilio Gamboa, ambos entusiastas senadores del PRI y hasta cierto punto comprometidos con la
reforma del sector, tampoco han podido armar una propuesta legislativa que satisfaga a la
industria y a la academia.
¡Qué decir de los actuales integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de
Diputados! Su presidente, Ángel Heladio Aguirre Rivero, en un principio se mostró humilde ante el
tema, recogió opiniones y salpicó un par de declaraciones para quedar después sumergido en la
ignominia y dejar hacer y pasar en el sector sin mayor trascendencia. Sus correligionarios de
partido y sus compañeros de Comisión tampoco han dado signos importantes de vida. Vamos,
hasta la iniciativa que presentó en su momento el diputado Jorge Legorreta Ordorica , del PVEM,
fue recibida con la misma seriedad que el “atentado” contra José Murat.
Del PRD no vale siquiera la pena hacer mención alguna. Su papel en el tema ha sido irrelevante.
Bonita coincidencia, por cierto, con el hecho de que desde hace algo así como cuatro o cinco
años no se ha leído o escuchado una sola crítica, como antaño, de ningún integrante de ese
instituto político en contra de la privatización o de las tarifas de Telmex. Sus razones tendrán.
Ahora que, si de repasar la actuación del gobierno federal en la materia se trata, basta con sólo
leer el Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 2001-2006 para
constatar que, según el plan rector sectorial la actualización del marco jurídico y el acceso a la
sociedad de la información eran dos de los acciones centrales a emprender, de la presente
administración en la materia. No obstante lo anterior, el Ejecutivo federal no ha presentado una
sola iniciativa respecto de ninguno de estos temas y ha dejado que el tiempo transcurra, que los
legisladores se hagan auténticamente bolas y que la autoridad reguladora y la rectora (Cofetel y
SCT) se encuentren en un completo estado de indefinición ante la intentona por emitir un nuevo
arreglo institucional, a través de reglamentos interiores cuyo contenido siempre fue cuestionado.
Por lo que hace a la industria, ésta no sólo dista de ser aquel sólido monolito que enfrentaba a la
autoridad para exigir que las cosas ocurrieran. Ahora, en lugar de una existen dos agrupaciones
gremiales enfrentadas entre sí hasta por el uso del término “telecomunicaciones”.
En fin. Sólo nos queda la esperanza de que en lo que resta de la presente Legislatura y de la
administración del presidente Fox, al menos le metan mano, en serio, al fortalecimiento de la
Cofetel pues se trata de un organismo que ha perdido toda respetabilidad y utilidad en el sector.
Esa comisión nos costará a los contribuyentes, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el próximo año, cerca de 360 millones de pesos, siendo que 64% de dicha
cantidad se destinará a pagar el sueldo de tan distinguida burocracia.
Así, una reforma posible y bienvenida sería la adición de un capítulo orgánico de la Cofetel en la
actual Ley Federal de Telecomunicaciones, o bien una Ley Orgánica de la misma que contenga:
a) nombramientos transexenales de sus comisionados y que estén sujetos a la no objeción del
Congreso; b) facultades plenas para intervenir en los temas de acceso a los mercados y a
recursos esenciales; c) la interposición del recurso de reconsideración ante la misma Comisión y
no ante la SCT, y d) un esquema de rendición de cuentas y de consulta pública que transparenten
su actuación. Nadie podría objetar, públicamente, una reforma así. Y esperar más, a estas alturas,
es mera ilusión.
Artículo publicado en el Periódico El Universal
http://archivo.eluniversal.com.mx/columnas/41610.html