Publicado el 03/11/2002 a las 23:00
Para Carmen y Javier, con un abrazo solidario.
Ya hemos comentado en diversas ocasiones que, a pesar del atorón legislativo que caracteriza al
intento por contar con una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, existen una serie de temas
que pueden y deben ser atendidos en el ámbito administrativo, con base en la ley actual y sin la
necesidad de que intervenga el Congreso de la Unión.
A ese grupo de temas que podrían ser atendidos en la esfera administrativa es a lo que
llamamos Agenda Alternativa , como una suerte de paliativo a la incertidumbre regulatoria que ha
generado el proceso legislativo que pretende concluir en la expedición de un nuevo
ordenamiento en la materia. Ya comentábamos, la semana pasada, sobre la existencia de dos
iniciativas de ley, una en cada cámara del Congreso, de fuentes distintas y con objetivos también
distantes. Hablábamos de la forma en que el proceso se ha dejado a su suerte por parte del
gobierno federal y lo difícil que sería contar con un interlocutor único y legítimo, mientras la
industria se encuentra fracturada y dispersa. Bueno, pues ahora resulta que ya no serán dos, sino
cuatro las iniciativas que esperarán su turno para ser dictaminadas. Sí, como lo lee usted, según
ha trascendido, el sindicato de telefonistas ha anunciado ya la elaboración de su propia
propuesta, misma que habrán de presentar a través de alguno de sus representantes en San
Lázaro. Al mismo tiempo, el diputado Francisco Javier Sánchez Campuzano (PRI) también ha
dejado ver su intención de hacer lo propio, esta misma semana, con un documento que pretende
tomar lo mejor de la iniciativa derivada de la entonces Conferencia Parlamentaria (CPT) y los
conceptos que, a su entender, quedaron fuera de aquélla. Así, en un contexto legislativo
realmente complejo, en que la prioridad estará concentrada en el paquete presupuestal del
próximo año, en la discusión de las iniciativas relativas al sector energético y hasta en la posible
reforma laboral; en medio de nuevos episodios de ruptura y distancia entre los poderes, los
partidos y, ahora, hasta con los gobernadores de los estados; y de cara a las elecciones
intermedias federales y a otros 13 procesos electorales en igual número de entidades federativas,
sólo un ingenuo podría albergar la esperanza de que, en este periodo de sesiones y en esta
legislatura, pueda cristalizar una nueva Ley de Telecomunicaciones. Aquí lo increíble es que
pareciera que estamos ya ante la auténtica Fontana di Trevi , en la que todos quienes por ahí
pasan se detienen a arrojar una moneda por detrás del hombro, pidiendo un deseo que, aunque
parezca descabellado, no deja de ser una ilusión para el soñador visitante de Roma. Así, los
legisladores han reabierto la discusión para todos quienes deseen pronunciarse respecto de
cualquier punto relacionado con las iniciativas presentadas. Las nuevas propuestas, los
pronunciamientos públicos y las discusiones en el interior de las respectivas comisiones
legislativas han llenado esa pila de agua con monedas de todos tipos, denominaciones,
nacionalidades y valores para terminar en un collage que a nadie dejará satisfecho. Y es que en
materia de telecomunicaciones la regulación dista mucho de ser meramente plana, con reglas
absolutas e incontrovertibles. De ahí que la terquedad de seguir sumando iniciativas y propuestas,
como monedas en la Fuente de Trevi a nada bueno nos ha de llevar. Debe, como dijimos la
semana pasada, haber un número limitado de rounds , para que esta pelea no sea eterna y la
incertidumbre regulatoria llegue a su fin. Debe también entenderse que, en éste como en otros
campos, no es posible llegar siempre a consensos y que la autoridad, ya sea legislativa o
administrativa, según se trate, debe pronunciarse de una vez y para todas en el sentido que -a su
entender- sea el más cercano a los objetivos nacionales que se persiguen. En otras y concretas
palabras: para eso fueron electos, para gobernar y para legislar y no para realizar consultas tras
consultas, y terminar sin llegar a ningún lado.
Si quisiéramos un gobierno o un congreso que nos pregunte cómo actuar en cada caso,
tendríamos mejor un call-centerrescon números 800, y diligentes telefonistas que recibieran
nuestra opinión. Saldría más barato y perderíamos menos tiempo. Bueno, pues justamente es en
ese orden de ideas que corresponde ahora al gobierno federal no sólo participar en las
discusiones con el Congreso tendientes a definir, de una vez por todas, si habrá una nueva ley,
con qué contenido y para cuándo. Pero, a la vez, ha de emprender desde ya la elaboración y
expedición de todas aquellas acciones que, en su ámbito de competencia, permitan generar
certidumbre, confianza y promoción para inversionistas, financieros y consumidores. Nuevas
licitaciones de espectro, bajo modalidades novedosas que no necesariamente privilegien la
recaudación de ingresos, sino que promuevan nuevas tecnologías y mayor cobertura y
conectividad; poner en marcha el Fondo de Cobertura Social para zonas marginadas; la
portabilidad de números y preparar el terreno para la entrada formal de la telefonía por Internet,
entre otros, son temas de esa Agenda Alternativa a la que nos referimos. Ya iremos comentando
uno por uno estos temas y, sobre todo, presentaremos las propuestas que les den viabilidad. Por
lo pronto, qué deseable es ver decisiones firmes y objetivos claros. No hacerlo será tanto como
condenarnos en el sector a seguir viviendo de ilusiones y buenos propósitos, cual si estuviéramos
soñando ante la Fontana di Trevi.
Artículo publicado en el Periódico El Universal
http://archivo.eluniversal.com.mx/columnas/26489.html