Publicado el 18/07/2004 a las 22:00
El pasado 14 de julio, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos, Michael K. Powell, ordenó la emisión de un boletín de prensa
en el que dio cuenta de su propia y muy personal experiencia relativa a la operación experimental
de la banda ancha a través de la línea de distribución de energía eléctrica (BPL, también por sus
siglas en inglés).
Dijo Powell: “La tecnología a través de la red de energía eléctrica promete, ciertamente, la
provisión de servicios de internet a alta velocidad en cualquier lugar que tenga acceso a la
electricidad. Lo que vi el día de hoy tiene un potencial tan importante como para poder aspirar a
que nuestras metas de acceso a la red en banda ancha para toda la población puedan ser
alcanzadas. AT&T y Pacific Gas and Electric merecen un aplauso por encabezar este esfuerzo
impresionante de innovación tecnológica”.
Más aún. El presidente de la FCC afirmó que “el futuro será luminoso para el ancho de banda a
través de la energía eléctrica. Continuaremos, en esta Comisión, explorando formas de apoyar tan
relevante tecnología sin que ello conlleve la posible interferencia de señales”.
Esto sucede en un país que, desde febrero de este año, abrió formalmente la posibilidad de
utilizar la red de distribución de la energía eléctrica para llevar servicio de internet a todos los
hogares. La consulta pública se puso en marcha y las pruebas iniciaron. La autoridad le dio la
bienvenida y el consumidor se apresta a recibir este novedoso servicio.
La pregunta: ¿qué es aquello que nos impide hacer lo mismo en México? ¿qué intereses se
quieren proteger al evitar el acceso masivo a internet y demás servicios de telecomunicaciones
utilizando la red de energía eléctrica?
El BPL es una de las tantas maneras existentes, en la actualidad, para hacer disponible y
accesible la red de redes a la mayoría de los mexicanos. El proyecto e-México, siendo loable en
su concepto y en su ejecución, quedaría muy atrás de lo que podría lograrse si en México se
adoptara un formato tecnológico como éste. Sólo imagine el lector la cantidad de hogares, de
cualquier nivel socioeconómico, que goza hoy del suministro de energía eléctrica y que, con una
mínima adaptación, podría acceder a internet.
El servicio es tan simple como la mera conexión de un modem al enchufe de la energía eléctrica,
cual sucede con una licuadora o con una lámpara. De ahí, del modem, se conecta una PC, o
una lap-top y se está, ya, en internet de alta velocidad.
Esta tecnología ya está probada y funcionando en Europa y en EU. Es una realidad comercial y
una posibilidad muy concreta de llevar los beneficios de la convergencia de la electrónica, las
redes alternativas, las telecomunicaciones y la informática a un mucho más amplio espectro
social. Es, para acabar pronto, una manera de abatir la brecha digital que distingue,
discriminatoriamente, a pudientes de carentes y que impide el acceso de los nuestros a la
sociedad de la información sin mayores inversiones ni cambios legislativos.
En México, sin embargo, no debemos esperar grandes cosas en el corto plazo. Ya no hablemos de
esta tecnología BPL. Tantos temas pendientes en la agenda regulatoria, previos y simples frente a
la posibilidad de introducir Internet por la red de energía eléctrica, están igualmente atorados bajo
pretextos fatuos, explicaciones absurdas, veladas complicidades y un sinfín de razonamientos
expresados con voz pausada y grave.
La portabilidad de número, tan necesaria como justa para el consumidor, es un asunto muerto; la
tarifa aplicable a la interconexión no ha disminuido desde hace dos años, sin que medie una
explicación lógica al respecto; el fondo de cobertura social, pendiente desde principios de 2002,
no despega; las licitaciones de espectro para la provisión de más y mejores servicios no han visto
la luz en la presente administración; la dominancia de Telmex es, meramente, un asunto de
carcajada; faltan 200 áreas locales por abrirse a la competencia en servicios de larga distancia; no
aparecen aún los reglamentos y decretos para, supuestamente, fortalecer a la hoy desfalleciente
Cofetel; la homologación del régimen fiscal y de inversión extranjera en el sector es otro faltante;
la débil supervisión a los concesionarios en cuanto al cumplimiento de sus respectivas
obligaciones; la imposibilidad de acceder a la red de otro concesionario para que los demás
prestadores de servicios puedan aprovecharla en beneficio del consumidor; la inexistencia de
comercializadoras de todo tipo de servicios de telecomunicaciones; la convergencia parcial de
voz, datos y video en la televisión por cable; la falta de reglas para el acceso a servicios vía Wi-Fi;
la necesaria revisión de la tarifa al público para llamar desde un teléfono fijo a un celular bajo la
modalidad de “el que llama paga”, y el tolerar que, a través de tarifas excesivas, aplicables a
empresas competidoras y consumidores, se obtengan rentas excesivas para sus beneficiarios son
asignaturas pendientes en el sector.
Así, poco a poco comienza a configurarse un expediente que, más temprano que tarde, llevará a
un severo cuestionamiento y a una eventual rendición de cuentas. Ser funcionario en un
organismo que está llamado a fungir como árbitro en una competencia equitativa y permitir el
acceso pleno a la sociedad de la información, como lo es la Cofetel, sin cumplir con su
responsabilidad, va más allá de la incapacidad. Se llama negligencia.
Artículo publicado en el Periódico El Universal
http://archivo.eluniversal.com.mx/columnas/40038.html