Publicado el 23/03/2003 a las 23:00
Realmente conmovedora ha resultado la imparcial y desinteresada iniciativa para una nueva Ley
Federal de Radio y Televisión. ¿Cómo fue que los mexicanos no habíamos identificado en este
nutrido grupo de 64 senadores de la República pertenecientes a diversos partidos políticos, a los
auténticos próceres de la libertad de expresión, de la defensa de las ideas, de la no
discriminación, de la autenticidad y objetividad para el manejo de contenidos y para la
transparencia en el otorgamiento de concesiones? Vaya ceguera la nuestra.
Encabezados por Javier Corral (PAN) y Raymundo Cárdenas(PRD), estos distinguidos senadores
presentaron una iniciativa de “los grupos ciudadanos” que, a su decir, “sin asumir plenamente el
contenido de la misma, hemos decidido ser un salvoconducto de esa aspiración inacabada y
atender el legítimo planteamiento que se hace al Senado”.
Es evidente que una legislación que data de enero de 1960 no puede, ni cercanamente, ser
expresión de una realidad en la radio y la televisión de hoy. Sin embargo, pareciera que se ha
equivocado el método. Y es que lo más importante es definir lo que se quiere como objetivos
para la radiodifusión en México y, después, identificar el “cómo”. Dicho de otra manera: la reforma
no es el fin de la historia sino el medio para llegar a algún lado. Es tanto como el caso de aquellas
jovencitas que encuentran en el matrimonio un fin en sí mismo sin luego saber qué hacer con él y
en él.
Pues bien, lo que pasa ya es que lo que pudiera ser algo bondadoso para la industria, la población
y el país en general se ha prestado a una exagerada politización del tema, a un sinnúmero de
intereses creados y, con ello, a una enorme dificultad para discutir con seriedad la materia. Quiero
pensar que la mayoría de los firmantes de la iniciativa ni siquiera la leyeron porque, de lo contrario,
“qué pena con el compadre”.
Tomo por el momento uno de tantos puntos de esta iniciativa de ley en que se evidencia su
fragilidad, a reserva de seguirle la próxima semana. El primero de ellos que, además, llama
poderosamente la atención, es el de la intención de crear un Consejo Nacional de la Radio y la
Televisión (el Consejo), que asumiría las atribuciones que hoy competen a la Secretaría de
Gobernación, a la de Comunicaciones y Transportes, a la de Educación Pública y a la de Salud,
entre otras. Se trataría de un órgano regulador “con carácter autónomo, personalidad jurídica y
patrimonio propio”. Podrá decir el lector que nada de malo tendría esa idea de profesionalizar las
líneas de mando, de autoridad, de supervisión y de transparencia para el manejo de un tema tan
delicado como el de la radio y la televisión en México. Sí, nada más que ni se puede hacer
conforme a nuestra Constitución ni obedece a la lógica jurídica ni a la cultura de derecho
administrativo del país. Casi nada.
Y es que resulta que la iniciativa señala que el Consejo estaría integrado por siete consejeros
¡mismos que serían nombrados por el Senado de la República! Además, indica que la designación
se haría por convocatoria pública y que los interesados han de ser “avalados” por al menos 10
instituciones, organismos no gubernamentales, asociaciones profesionales y civiles que deben
estar constituidas legalmente. Ah, y dice también que los consejeros deben ser ciudadanos
mexicanos, poseer experiencia que acredite conocimientos suficientes en los asuntos
relativos( whatever it means ) y no haber desempeñado en el último año cargos o actividades de
dirigencia de partido político alguno, ni de funcionario público o de elección popular en ninguno
de los poderes federales, ni de concesionario o permisionario de medios electrónicos de manera
directa ni indirecta, ni tampoco pertenecer a jerarquías eclesiásticas.
Luego hablamos de las atribuciones que los angelitos tendrían pero, por lo pronto les pregunto:
¿pues que no leyeron la Constitución?, porque déjenme decirles que por más que busqué en su
artículo 76 alguna fracción que permita por asomo que el Senado de la República pueda hacer la
designación de este tipo de funcionarios, no la encontré. Ni tampoco en el 73 o en el 77. A quien sí
compete esa atribución es al Presidente de la República, en términos del 89 fracción II de la
propia Constitución, pues le otorga la facultad de “nombrar y remover libremente a los demás
empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la
Constitución o en las leyes” (claro, en las que estén de acuerdo con aquélla).
¿Y qué pero le ponen al aval que se solicita por parte de 10 instituciones privadas (las que sean,
de lo que sean) para ser candidato a Consejero de esta noble institución, seguida desde luego del
“candadote” que le ponen a cualquier aspirante de no haber tenido el más mínimo contacto con
la materia de radio y televisión en el último año? Como que suena a una muy buena noticia para
los entrenadores de fútbol que están siendo despedidos de los equipos de la primera división por
sus malos resultados y para quienes expulsen del Big Brother . Aquí habrá chamba para ellos pues
parecen ser los únicos elegibles. O qué, ¿se trataba de evitar conflictos de intereses? Hombre, nos
lo hubieran dicho antes. Mal haríamos en dudar de la probidad e imparcialidad de los siete
notables de peluca blanca y toga, de caminar parsimonioso y electos con ciega objetividad por el
Senado para manejar todo, todo lo relativo a la radio y la televisión en México. ¿No les digo? Y
luego se dicen incomprendidos.
Artículo publicado en el Periódico El Universal
http://archivo.eluniversal.com.mx/columnas/29371.html