Publicado el 07/08/2016 a las 22:00
Dice el artículo 6º constitucional que “la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Asimismo, su artículo 8º dispone
que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa”. No es ocioso recordar
estos dos preceptos a la luz de la perversa relación entre el gobierno federal y la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En protesta contra la reforma educativa, delinquen impunemente, a plena luz del día y de la
manera más ruin. Desde bloqueos a autopistas, puertos, aeropuertos y vías de ferrocarril; pasando
por secuestrar y vejar a quienes ellos consideran traidores de sus causas; hasta la toma de
casetas de cobro y de estaciones radiofónicas, robo de vehículos, de mercancías, asalto a
comercios y múltiples daños en propiedad ajena.
A la CNTE no le importa la educación. Lo suyo es la movilización. Chantajean y obtienen así
prebendas y privilegios. Quieren tumbar la reforma educativa porque atenta contra lo que
consideran como conquistas históricas intocables. El gobierno lo sabe. Y aun así, y a pesar de que
continúan con sus bloqueos y amenazas de no dar inicio al nuevo ciclo escolar, dialogan con
ellos; ceden a sus peticiones; liberan delincuentes que la organización califica como presos
políticos; y hasta suspenden de facto la aplicación de la reforma educativa restituyéndoles
salarios descontados y plazas a los despedidos.
Con toda razón los empresarios levantaron la voz y pasaron de la indignación a la acción. Están
desesperados. Sus inversiones, patrimonio y empleos están en vilo. La seguridad pública y jurídica
que debe brindarles el Estado se ha esfumado. Las atrocidades de la CNTE han golpeado
severamente al comercio, al turismo, las exportaciones y la paz pública. Reclama el sector privado
que mientras se respeta una mal entendida libertad de expresión de aquellos vándalos, se
pisotean otros derechos humanos fundamentales como el derecho a la educación, la libertad de
tránsito, y la libertad de las personas para dedicarse a cualesquiera profesión, industria, comercio
o trabajo lícitos.
La reacción del PRI-gobierno no se hizo esperar. Se indignan y amenazan. Cuidadito con meterse
con Lolita porque se les aparece Dolores. Es amagar con la vergonzosa máxima juarista: “a mis
amigos, justicia y gracia; a mis enemigos, justicia a secas”.
La reforma educativa y los procesos judiciales no pueden ser moneda de cambio. El gobierno
debería abstenerse de dialogar con la CNTE mientras mantengan sus bloqueos y sigan
cometiendo delitos. Y estos delitos tendrían que castigarse severamente, echando mano de la
fuerza pública las veces que sea necesario, con la proporcionalidad y protocolos debidos.
Lejos de enfadarse con los empresarios y con sus críticos, el gobierno debería ser más sensible y
tomar nota del hartazgo que ha generado su peculiar manera de “Mover a México”. Aplicar
estrictamente la ley no es una gracia ni una opción más. Es el único camino.
Artículo publicado en el Periódico El Universal