Publicado el 24/01/2016 a las 23:00
Humberto Moreira representa ya un caso emblemático de la política mexicana que, para mal, ha
trascendido nuestras fronteras. Hablar de Moreira es hablar de un tramposo que se sirvió del
poder en lugar de servir con el poder. Llegó al gobierno de Coahuila de la mano de Elba Esther
Gordillo —la otrora poderosa lideresa del sindicato magisterial— y sin finalizar su sexenio fue
impuesto como presidente nacional del PRI para el lanzamiento de la candidatura de Enrique
Peña Nieto.
Este angelito endeudó al estado de Coahuila con más de 36 mil millones de pesos, dinero que no
fue aplicado a obras y servicios públicos o a programas sociales en la entidad. Se esfumó. Con
razón se piensa que esa enorme cantidad fue a dar a campañas políticas y a los bolsillos de
Moreira y los suyos. Hoy cada coahuilense debe 12 mil 383 pesos por culpa de este irresponsable.
Es la deuda per cápita más alta del país. Y, por si fuera poco, para su contratación, estos bandidos
falsificaron documentos oficiales en la integración de los respectivos expedientes. Tales
actuaciones dieron lugar a que en agosto de 2011 el entonces titular de la Secretaría de Hacienda,
Ernesto Cordero, y el procurador fiscal de la Federación (hoy flamante ministro de la Corte), Javier
Laynez, presentaran una denuncia penal contra quien resultara responsable de tal atraco. Pero la
justicia mexicana, ciega (cuando le conviene) y lenta (casi siempre) no consideró que hubiese
elementos para inculpar a Humberto Moreira, dejando el caso por la paz y sólo incriminando a
funcionarios de inferior jerarquía.
Para variar, tuvieron que actuar las autoridades estadounidenses en la detección de flujos
sospechosos de dinero. El rastreo de fuertes sumas prendió las alertas del vecino país y pronto
descubrieron propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias de los allegados a Moreira. Ah, y
mientras tanto, como parte de su estilo mafioso y abusivo de ejercer el poder, Rubén, su hermano,
se convertía en su sucesor. Sí. Humberto Moreira hereda el trono a Rubén Moreira quien, por
cierto, fue subsecretario de Gobierno en el gobierno de aquél sin recato alguno y exhibiendo a
todo pulmón el orgullo de su nepotismo.
Lo que en justicia debería ocurrir es que, con los elementos a la vista, el gobierno mexicano
solicitara la extradición de Moreira y ejerciera las acciones necesarias de extinción de dominio
sobre su patrimonio y el de sus cómplices; que el dinero así recuperado fuese devuelto a los
coahuilenses; que su hermano se separara del cargo de gobernador de la entidad para facilitar
las investigaciones y que el PRI expulsara a Humberto Moreira de sus filas por corrupto. Pero no,
nada de eso pareciera estar en la agenda, ni en el ánimo, ni en la ética del partido y del gobierno
de la República. Prefieren salvar al amigo que salvar al país. Es su torcido concepto de lealtad.
Paradójico: por un lado, aprobamos reformas a fin de alentar inversiones en diversos sectores de
nuestra economía y, por otro, los que vinieron a “mover a México” se encargan de crear un
ambiente de desconfianza al privilegiar la cultura de la corrupción por encima de la cultura de la
legalidad. Así son. Pobre país.
Artículo publicado en el Periódico El Universal