Publicado el 24/04/2013 a las 22:00
Cuando se anunció la tan esperada iniciativa de reforma en telecomunicaciones el júbilo inundaba
por igual los discursos de sus promotores que la reacción de sus destinatarios. Los medios
hicieron eco de la buena nueva. Ciertos legisladores, sin siquiera haber leído —ni mucho menos
entendido— el documento, ya hablaban de sus bondades; y, otros diputados, presurosos, hacían
una larga fila para poder suscribir la histórica propuesta.
Poco a poco comenzaron a emerger los defectos. Era obvio. Quienes confeccionaron la propuesta
distan mucho de ser expertos en la materia. Además, lo hicieron en total secrecía, sin consultas ni
segundos pensamientos.
La iniciativa encierra, indiscutiblemente, buenos propósitos a favor de la competencia, el acceso y
el desarrollo tecnológico; pero adolece de la técnica legislativa pertinente. De entrada, no se
justifica una reforma a siete artículos de la Constitución y la adición de 17 artículos transitorios a la
misma para incorporar conceptos que pertenecen más al ámbito de la legislación secundaria o
hasta al reglamentario y administrativo. Para darse una idea, esta iniciativa, por sí misma, es más
extensa que toda la Constitución de Estados Unidos.
A pesar de que en el camino de su discusión y dictaminación se levantaron voces pidiendo
ajustes, las comisiones unidas de la Cámara de Diputados que tuvieron a su cargo la encomienda
optaron por no hacer un solo cambio a la iniciativa y elaboraron su dictamen para ser llevado al
Pleno de la misma.
Ahí, se había advertido que todos los partidos presentarían múltiples reservas a diversos artículos
no obstante el votar a favor, en lo general. ¿Qué sucedió? Que los poquísimos cambios al
dictamen original fueron pactados, otra vez, entre un puñado de personas, incluidos funcionarios
de las dirigencias nacionales de los partidos políticos, y no como fruto del debate de las ideas en
el pleno. Ninguna de las reservas planteadas fue siquiera discutida.
La minuta proveniente de la Cámara de Diputados llegará pronto al Senado. Hacen bien los
coordinadores parlamentarios de todos los partidos en bajar las expectativas de un proceso a
ciegas y precipitado. No será la primera y, por lo visto, ni la última vez que actuaremos como
auténtica cámara revisora, a pesar de las presiones de quienes pretenden hacer ver al Senado —y
particularmente al grupo parlamentario de Acción Nacional— como obstruccionistas o hasta algo
parecido a traidores por no aprobar los proyectos de ley en los términos que nos envía la cámara
de origen.
Con total descaro, el Presidente del CEN del PRI pidió al Senado no retrasar la reforma por
consigna. Esa fue su consigna. Y resulta paradójico e indignante que quienes buscan limitar a los
poderes fácticos mediante esta propuesta actúen como legisladores de facto, pretendiendo
pasar por encima de las facultades constitucionales del Congreso de la Unión.
Es una mala y peligrosa receta el cocinar reformas al margen y en sedes alternas al Legislativo.
Rompe equilibrios, ignora la voluntad popular mayoritaria expresada en la elección de
legisladores y le facilita el instrumental a la tentación autoritaria que está de vuelta.
Legislar al vapor no es tampoco una ruta recomendable. No lo es en general y mucho menos en
una reforma constitucional de la envergadura de la de telecomunicaciones. Por ello, antes de
discutir, dictaminar y votar la minuta de los diputados, deben realizarse reuniones con expertos,
asociaciones de consumidores, operadores, autoridades y organismos internacionales. Se harán
por grupo parlamentario y en las comisiones competentes.
Advierto deficiencias e insuficiencias en cuanto a la creación y el pésimo diseño del nuevo órgano
regulador en telecomunicaciones en lugar de fortalecer a la Cofetel; en el régimen de inversión
extranjera; sobre el retroceso que implica la construcción de una red troncal operada por el
Estado utilizando la banda de 700 Megahertz; frente a la falta de precisión respecto de la garantía
del derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación así como a los
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones (incluidos Internet y banda ancha); por la casi
nula referencia a los derechos del consumidor; al hablar del pago de contraprestaciones por
nuevos servicios a ser prestados por los concesionarios; y ante la vaguedad de lo que debe
entenderse por concesiones para uso comercial, público, social y privado en radiodifusión. Por si
fuera poco, los plazos para expedir o actualizar leyes secundarias e integrar los nuevos órganos
reguladores son inconsistentes y de difícil ejecución.
Así pues, la reforma en telecomunicaciones seguirá un proceso de revisión serio, responsable e
incluyente en el Senado. No bastan los buenos propósitos y las presiones políticas no alcanzan.
La técnica y el rigor se imponen.
Artículo publicado en el Periódico El Universal
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/03/63715.php