Publicado el 07/10/2012 a las 22:00
Para Gloria, Ernesto, Alonso y Alberto. Grandes ausencias.
Apenas el pasado lunes 21 de mayo escribía en estas mismas páginas de EL UNIVERSAL que, en
nombre de los derechos de los trabajadores y en defensa de la bendita autonomía sindical se
cometen todo tipo de excesos, tanto patrimoniales como retóricos. Esta tesis ha cobrado vida en
la discusión que ahora mismo tenemos en el Senado de la República.
En efecto. El proyecto de reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo que recibimos de la
Cámara de Diputados (reforma laboral) es un paso adelante en materia de competitividad,
productividad y trabajo decente, pero es prácticamente omiso en los rubros de transparencia y
democracia sindical. Cierto es que se propone eliminar la posibilidad de incluir en los contratos
colectivos de trabajo la llamada cláusula de exclusión por separación, instrumento monstruoso e
inconstitucional según el cual un trabajador puede perder su empleo sin derecho a indemnización
si es separado de las filas de su sindicato, pero nada más.
El proyecto ha sido rasurado en su primera aduana. Los preceptos relativos a dotar de una mayor
certidumbre jurídica en el ejercicio del legítimo derecho de huelga y a profundizar en el régimen
de libertades y derechos de los trabajadores respecto de sus propias organizaciones gremiales
fueron excluidos de la minuta que nos fue enviada a pesar de la insistencia de los legisladores del
PAN por mantenerlos.
En pocas palabras, los diputados del PRI y PVEM decidieron mantener el régimen de abusos y
privilegios de líderes sindicales en detrimento de derechos fundamentales de sus propios
trabajadores y de la competitividad de la planta productiva de nuestro país. ¡Que viva la gallina de
los huevos de oro! Esa no se toca. Faltaba más.
En principio, pareciera que el contenido del proyecto de reforma laboral, en lo general, es muy
bueno. Incluye nuevas modalidades para la contratación que beneficiará a jóvenes, mujeres y
adultos mayores de 40 años para ingresar o reinsertarse en el mercado formal de trabajo;
introduce fórmulas para incrementar y medir la productividad, con lo que se creará riqueza y
mejorará el ingreso de los trabajadores que más y mejor se capaciten y desempeñen su labor;
evita abusos en la subcontratación (outsourcing); presenta notables avances en materia de
equidad y género, personas con discapacidad, jornaleros agrícolas, trabajo infantil y trabajadores
domésticos; mejora relevantemente los procedimientos laborales en las juntas de conciliación y
arbitraje; y dota de más y mejores instrumentos de supervisión, verificación y sanción a las
autoridades del trabajo.
Sin embargo, el no tocar ni con el pétalo de una coma ciertos aspectos fundamentales de
transparencia y democracia sindical no es un tema del que el grupo parlamentario de Acción
Nacional pueda hacer caso omiso.
Nosotros planteamos: voto libre, directo y secreto para elegir directivas de sindicatos; prohibir a
los patrones retener del salario de los trabajadores su cuota sindical; que todo sindicato rinda
cuentas de manera periódica y puntual o a petición de cualquier trabajador sobre la
administración patrimonial; que los sindicatos con más de 150 socios tengan que pasar por
dictamen de auditor externo los resultados de su gestión administrativa; y que existan
mecanismos eficaces para que esa rendición de cuentas sea clara, precisa, oportuna y
transparente. En pocas palabras, se trata de que los trabajadores elijan con plena libertad y sin
temor a represalias a sus líderes y que éstos le digan a sus representados en qué están gastando
el dinero proveniente de las cuotas de los propios trabajadores, mismas que han de ser
entregadas por mecanismos alternativos y no por descuento de la quincena del trabajador para
ser enteradas al sindicato cual si fueran impuestos.
Pero, como era de esperarse, ya comenzaron los amagos. Que si regresamos cualquier cambio,
por mínimo que sea, a la Cámara de Diputados, se corre el riesgo de que la reforma laboral se
empantane y se pierda la oportunidad de sacar el proyecto con carácter de iniciativa preferente.
Que los sindicatos no aceptarán que se violente en forma alguna la inmaculada autonomía
sindical y otras aseveraciones de la alianza histórica del PRI con sus organizaciones sindicales.
Que quede claro. Somos cámara revisora. Eso significa que tenemos no sólo la facultad
constitucional, sino la obligación de analizar con todo cuidado los proyectos provenientes de la
cámara de origen y actuar en consecuencia. Si se tiene que enmendar la reforma laboral porque
así le conviene al país, lo haremos. Esperamos contar para ello con los votos necesarios de los
partidos que conforman el frente progresista para alcanzar la mayoría. Ya los diputados sabrán
qué hacer con aquello que les enviemos de vuelta y así la sociedad sabrá, de una vez y por todas,
quién está en favor de la transparencia y la democracia en todos los órdenes de la vida pública
del país y quién sólo se adorna con esos conceptos en su eterna y falsa retórica.
Artículo publicado en el Periódico El Universal