Publicado el 15/06/2012 a las 22:00
Revisemos algunos de los temas que, próximamente, darán mucho de qué hablar y que
seguramente propiciarán las primeras negociaciones y acuerdos entre partidos. Dejando a salvo
el desahogo de los expedientes de impugnación presentados ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, lo que sigue es un largo, larguísimo periodo de transición para el relevo
del Ejecutivo federal. Esto mismo debería ser parte de la reforma política, es decir, acortar los
tiempos entre la elección presidencial y la toma de posesión del presidente electo. La sola
elaboración del paquete fiscal y presupuestal del año inmediato siguiente al de la elección
debería ser razón más que suficiente como para pensar en que el Ejecutivo también asuma el
poder el 1 de septiembre junto con diputados y senadores del Congreso de la Unión.
Otro de los temas críticos será la segunda vuelta en la elección presidencial. Llevamos tres
procesos en los que el candidato ganador obtiene el triunfo con menos de 50% de los votos. Si a
ello agregamos que el abstencionismo ronda en 35%, resulta que el presidente de la república
ejerce el poder con menos de 20 millones de votos de un total de 80 millones de electores y en
un país de 114 millones de habitantes. La segunda vuelta implicaría mayor legitimidad para el
ganador de la contienda presidencial y un margen de gobernabilidad más holgado también.
Agrego dos puntos a discutir: que toda iniciativa de ley que se presente al Congreso tenga que
ser dictaminada y votada, necesariamente, dentro de los 365 días siguientes a su presentación. En
un sentido o en otro, pero que se desahoguen y se termine con la ominosa práctica de mandarlas
a la congeladora. El otro, que no haya periodos ordinarios y extraordinarios en el Congreso sino
que se trabaje por igual todo el año, en comisiones para dictaminar y en el pleno para votar.
La reelección de legisladores y de alcaldes está pendiente. La reelección implica, en pocas
palabras, más compromiso, resultados y lealtad con la ciudadanía y menos con los partidos. Es
parte medular de la reforma política.
Y un último aspecto en esta materia es la tan aclamada y necesaria reducción de diputados
plurinominales y la eliminación de senadurías regidas por el mismo principio.
Otras tres reformas que, de entrada, se antojan como las más cercanas e indispensables para la
competitividad son la laboral, la fiscal y la energética.
En el primer caso, estamos frente a la imperiosa necesidad de mejorar la eficiencia del mercado
laboral para facilitar la creación de empleos formales; incrementar la productividad para
aumentar el ingreso de los trabajadores; incentivar la inclusión de grupos vulnerables a puestos
de trabajo; agilizar la justicia laboral; dar mayor transparencia y democracia a los sindicatos y
dotar de mecanismos más certeros a las autoridades laborales para hacer cumplir la ley. El
diagnóstico es claro y las iniciativas están ya en el Congreso. Llegó la hora de la reforma laboral.
En el caso de la reforma fiscal, se trata de ampliar la base gravable, aumentar la recaudación y
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Habrá que mantener los principios de
equidad y proporcionalidad plasmados en la Constitución pero sobre bases eficientes y simples.
En cuanto a la reforma energética, la idea es abrir espacios a la inversión privada en la
exploración, extracción, producción, comercialización y transporte de todo tipo de recursos
energéticos, sin trasladar la propiedad de los mismos a los particulares sin privatizar los
organismos estatales encargados hasta ahora de estas tareas ni, mucho menos, abdicar a la
rectoría y regulación del Estado en tales áreas hasta hoy consideradas estratégicas pero que bien
podrían pasar a la categoría de prioritarias en términos constitucionales.
En el ínterin, el Partido Acción Nacional tendrá que someterse a un profundo ejercicio de
reflexión, revisión y reestructuración tras la dolorosa derrota en la elección presidencial y en
algunas gubernaturas emblemáticas y en otros cargos de representación popular. Mal haríamos
en proponer ajustes cosméticos o en hacer una repartición de culpas y no de responsabilidades.
El PAN debe reconectar con la ciudadanía, particularmente con los jóvenes, y recuperar espacios
a partir de la congruencia entre su ideología, principios y valores con el ejercicio mismo del poder
político. Entre otras cosas, es imperativo mejorar nuestra capacidad narrativa y los canales de
comunicación para mostrar y defender lo mucho de bueno que hemos logrado.
Como oposición, el PAN debe demostrar que la división y equilibrio entre poderes no significa
necesariamente parálisis derivada de la mezquindad política. Se puede y se debe ser una
oposición seria, responsable, activa y comunicativa. Negociar y acordar están en la esencia de la
política. La ciudadanía no le dio un cheque en blanco al próximo presidente de la república ni
trasladó todo el poder a ningún partido político en el Congreso. Obligados estamos, pues, a pactar
en aras del bien común. Demostremos que la democracia, con sus deficiencias e insuficiencias si
se quiere, es el mejor camino para la convivencia civilizada. Que el voto vale, pesa. Y también
manda.
Artículo publicado en el Periódico El Universal
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/07/59500.php