Publicado el 03/11/2004 a las 23:00
Los recientes despidos de un gran número de servidores públicos de nivel medio y superior en la
Cofetel muestran con crudeza la manera caprichosa de administrar la función pública
El servicio civil de carrera ha sido una asignatura largamente anhelada para la administración
pública, en sus distintos niveles y ámbitos. Nuestra cultura política, empero, no contribuye para tal
propósito.
La discrecionalidad ha sido un signo distintivo en la manera en que se manejan los recursos
humanos en la administración pública. En el personal de base encontramos derechos laborales
mejor definidos y salvaguardados pero, en el personal de confianza, los derechos adquiridos son
limitados y la facultad de remoción de la que gozan sus superiores es, casi, absoluta.
Con todo, existen algunos casos afortunados dentro del gobierno federal y órganos autónomos
de Estado, que dan cuenta de que la carrera en el servicio civil no sólo es deseable sino posible.
Ahí están el servicio exterior, la cartera de Hacienda y Crédito Público, el banco central y, hasta
hace poco, el gremio de los ingenieros dedicados a la construcción de carreteras.
La adopción del modelo de órgano regulador en México es relativamente nueva. Ello explica que
no tengamos un arreglo institucional único para todos los casos en que existen agencias de tal
naturaleza. Todas ellas abrigaron en su nacimiento la esperanza de contar con personal técnico
especializado, de carrera, sólido en conocimientos, leal a un propósito y ajeno a posiciones
personales o políticas. Sin embargo, la realidad nos muestra que aún estamos lejos de alcanzar
tales objetivos.
De ahí que, como apunté la semana pasada y como también reporta el último número de El
Semanario en su nota principal, es urgente que los legisladores entren de lleno a la revisión del
tema y tomen cartas en el asunto pues, ante el evidente ayuno de reformas sustantivas de fondo
en sectores estratégicos de nuestra economía, lo único prudente y viable que nos queda por
hacer es fortalecer a los árbitros de las contiendas. Es decir, dotémoslos de silbato, tarjetas y
cronómetro y no nos conformemos con sólo verlos correr al lado del balón y de los jugadores.
Un caso muy reciente que nos deja ver, con toda claridad, la manera personal y arbitraria de
manejar los recursos humanos de un órgano regulador es el despido masivo de funcionarios de
nivel superior y medio en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Como bien
apuntaba nuestro colega Javier Tejado en su última colaboración en Reforma, quienes dirigen (?)
la Cofetel no se conforman con acumular pendientes y perder credibilidad a pasos agigantados
sino que, ahora, se dan tiempo de echar a la calle, en bloque, a funcionarios públicos de alto nivel
que, durante años, han venido acumulando conocimientos y experiencia, y a los que, además, el
país les ha invertido una buena cantidad de recursos presupuestales para especializarlos en un
tema por demás complejo como lo es el de las telecomunicaciones.
En efecto. Con una explicación tan somera como “por instrucciones superiores”, fueron separados
de sus cargos Pedro F. Guerra Morales, director general de Larga Distancia y Valor Agregado,
licenciado en derecho por la UNAM y cuyo ingreso a Cofetel data de septiembre de 1998; Jorge
Mier, director general de Televisión y Audio Restringidos, también abogado pero del ITAM, y
perteneciente al organismo desde julio de 1999; Cynthia Cruz, directora general de Comunicación
Vía Satélite, también jurista de la Panamericana, y quien ingresó en diciembre de 2001; Raúl
Vallejo Lara, director general de Tarifas e Integración Estadística, licenciado en economía por el
ITAM y cuyo ingreso data de septiembre de 2001. Este último caso se considera, en el sector,
como un strike cantado pues fue él quien se opuso, en su momento, al registro de la “promoción”
Lada 100 por considerarla lesiva para la competencia. Se trata, pues, de la crónica de un despido
anunciado.
Sigue el recuento de los despedidos: Moisés Barrera Escudero, director general de Inspección,
Verificación y Radiomonitoreo; Alejandro de la Huerta León, director de Televisión Restringida,
licenciado en relaciones internacionales por la UNAM y perteneciente al regulador desde agosto
de 1997; Enrique Woodhouse Rojas, director del Registro de Telecomunicaciones, licenciado en
derecho por la UNAM y cuyo ingreso a Cofetel ocurrió en septiembre de 1998; Pedro Cervantes,
director de Internet, con estudios en sistemas computarizados e informática en la Iberoamericana,
y servidor público en el organismo desde mayo de 1999; y, María Eugenia Anaya, subdirectora de
Publicidad y Medios, licenciada en diseño gráfico y fotografía, y con fecha de ingreso a Cofetel en
junio de 2001.
No fue sólo el despido sino la forma que precedió y siguió a su notificación. Un auténtico maltrato
personal distinguió tal decisión, según ha trascendido. La verdadera causa por la que se separó
de su cargo a estos funcionarios es un verdadero misterio como misteriosa es, también, la
identidad de quienes fraguaron este embate.
Si de lo que se trataba era de lograr la eficiencia de Cofetel (vaya que falta le hace), quienes
debieran salir son sus cuatro comisionados y no los directores generales pues las decisiones y la
negligencia está en el mando y no en la tropa; si lo que quieren es evadir el cumplimiento de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para no tener que
concursar las plazas a partir de 2005, es una manera oportunista y caprichosa de administrar la
función pública; y si lo que causó el despido fulminante es una fobia al pasado, pues qué
pequeñez.
Artículo publicado en el Periódico El Universal
http://archivo.eluniversal.com.mx/columnas/42887.html