Publicado el 24/10/2004 a las 22:00
Si en lugar de crear una nueva ley de telecomunicaciones nos concentramos en darle una ley a
la Cofetel, la tarea sería más fácil e igualmente eficaz. Y mejor aún si los nombramientos de los
comisionados de órganos reguladores los ratificara el Senado
Una nueva ventana de oportunidad se ha abierto, en estas últimas semanas, para emprender
reformas legislativas en el sector de las telecomunicaciones. Se podría decir, sin temor a
equivocarme, que de no aprovecharse el momentum que hoy prevalece en el sector, no habrá
ninguna modificación al marco legal de tan importante rubro de nuestra economía en lo que resta
del sexenio y de la presente Legislatura.
Como anticipé en este mismo espacio en diversas ocasiones, la intención de crear una nueva ley
de telecomunicaciones en sustitución de la vigente se antojaba poco más que imposible. En
primer lugar porque la actual Ley Federal de Telecomunicaciones no ha cumplido, siquiera, su
primera década de vida ni tampoco ha visto la aplicación de muchos de sus preceptos hasta la
fecha.
En segundo lugar, porque los muchos y evidentes intereses en juego no permitirían que las
reformas a fondo que se pretenden llegasen a buen puerto. Y en tercer término porque el
ambiente político que rodea a “los trabajos” del Congreso de la Unión ha puesto la agenda al
revés, y es así que los verdaderos temas de cambio estructural que podrían devolvernos la
competitividad que hemos perdido como país han quedado sepultados bajo los escombros de la
lucha por el poder.
Así, lo conducente, lo prudente pues, es reconocer que los temas realmente sustantivos de la
agenda no verán la luz en los próximos años y que, por ende, debemos tratar de avanzar en el
fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer valer la legislación vigente.
Especialmente, la tarea que debiéramos emprender ahora es la de reforzar aquellos organismos
reguladores que tienen a su cargo tareas delicadas en materia de competencia económica,
energía, telecomunicaciones, mejora regulatoria y derechos del consumidor. Esto es, bastaría por
el momento y no en un tono conformista que quienes tienen a su cargo el combate a los
monopolios, concentraciones indebidas y prácticas anticompetitivas; la desregulación económica
para promover la inversión; la fijación de precios de insumos básicos como la electricidad; la
expansión de las redes, el desarrollo tecnológico y la competencia efectiva entre prestadores de
servicios de telecomunicaciones; y la protección de los derechos de usuarios y consumidores,
cuenten con los instrumentos necesarios pero, sobre todo, con la autonomía operativa e
independencia política para actuar con absoluto rigor técnico en el desahogo de sus temas.
Nadie, como lo he dicho antes, podría oponerse en su sano juicio ni mucho menos públicamente
a que el Congreso dotara de más y mejores instrumentos y autonomía efectiva a la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para promover, regular y supervisar el desarrollo
eficiente del sector en nuestro país.
Lo mismo ocurriría con los demás organismos reguladores, como lo son la Comisión Federal de
Competencia (CFC), la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), los cuales nacieron en momentos diferentes de nuestra historia
reciente pero que por sus características propias no guardan un tratamiento homogéneo en
cuanto a su estructura, marco legal e institucional, grado de autonomía, atribuciones y nivel
salarial. Su homologación pues sería bienvenida.
Pero antes de proceder a analizar las similitudes y diferencias existentes entre los citados órganos
reguladores, no debemos olvidar que el único de ellos cuyas atribuciones y estructura no están
contenidas en ley es la Cofetel. En efecto, su existencia fue prevista en un artículo transitorio de la
Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 pero su nacimiento y estructura, aún vigente,
devienen de un Decreto Presidencial dictado en agosto de 1996. Y aún con tales particularidades
la Cofetel pudo llevar al cabo la etapa inicial de la apertura a la competencia y a la inversión en el
sector. Empero, hoy como nunca vemos que el sello personal negligente y arbitrario resulta ser
por demás dañino en instituciones que, como ésta, no actúan bajo un mandato legal inexcusable.
En mis próximas entregas haré referencia a lo que propongo para una Ley Orgánica de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones, convencido de sus bondades y de su viabilidad en
cuanto a la discusión política se refiere, sin necesidad de tocar siquiera la Ley Federal de
Telecomunicaciones.
Por lo pronto, dejo la inquietud en cuanto a la forma en que se realizan los nombramientos de los
comisionados en la CFC, la CRE, la Cofemer y, desde luego, la Cofetel. Si, de lo que se trata y
como existe ya en el caso de las dos primeras, es que los encargos de los comisionados sean
transexenales, sería por demás pertinente el que esos nombramientos hechos por el Ejecutivo
federal fuesen ratificados por mayoría simple del Senado de la República. La transexenalidad en
un reglamento presidencial, como se ha intentado para la Cofetel, es una torpeza jurídica.
La fórmula que propongo está prevista en el artículo 76, fracción II de la Constitución para los
casos del procurador general de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules
generales y empleados superiores de Hacienda.
No sería pues nada extraordinario, es una simple adición y sí apuntaría en el camino correcto de
vigilar que quienes tienen a su cargo encomiendas tan delicadas como la regulación de precios,
la competencia efectiva, la promoción de la inversión y la sanción por violaciones a la ley, sean
personas de probada experiencia, aptitud e independencia de los intereses económicos en juego.
¿Qué les parece?
Artículo publicado en el Periódico El Universal
http://archivo.eluniversal.com.mx/columnas/42611.html